La ley de Trata de Personas

    • Invitado
    #1 La ley de Trata de Personas
    Ley de trata o el país del "como si"
    Por Gustavo Vera

    Desde el miércoles, los traficantes de personas, dueños y capataces de las redes de prostitución, amos y señores en talleres clandestinos de costura o calzado, de quintas u obras de construcción que prostituyen y esclavizan a más de medio millón migrantes en todo el país, pueden dormir en paz. Ya tienen una ley que los ampara, aunque aparente combatirlos. La ley votada anoche por el Congreso Nacional concebida para reprimir la trata de personas es una manifestación más del «como si» al que ya nos tienen acostumbrados.
    A partir de ahora, las víctimas de trata mayores de 18 años, que han sido traídas mediante engaño o violencia, cuyas familias están marcadas y amenazadas en su país o lugar de orígen, deben probar que fueron coaccionadas y que no prestaron su consentimiento. Si alguna de estas víctimas milagrosamente se atreve a querellar a sus verdugos, aún a riesgo de su propia vida y la de sus familias y a señalar con el dedo la complicidad estatal y policial, no todo estará pérdido para los esclavistas. La pena en tal caso podría ser de 3 años y obviamente excarcelable mediante fianza pagada con el mismo dinero sucio que se obtiene de la explotación y humillación al prójimo. En cualquier caso, los tratantes y esclavistas tienen asegurada la impunidad y la libre circulación por la calle. Ni siquiera se les podrá imputar la violación a la ley de migraciones, porque con dos fotos cuatro por cuatro y una declaración jurada les harán sacar una radicación precaria a sus víctimas en el marco del programa «Patria Grande» y se asegurarán de este modo zafar de una imputación mayor al menos durante varios meses como ya denunciamos el año pasado. En cuanto a la «reducción a la servidumbre» hay tantas opiniones como jueces y para muchos federales es más difícil de probar que la existencia de Dios. El «negocio» de esclavizar con el que grandes marcas acumulan fortunas o de prostituir, donde otros flamantes empresarios realizan su acumulación originaria, ahora goza de mayor protección.

    Los defensores de esta ley dicen que es un «paso adelante» porque, por ejemplo, habilitará a un juez a perseguir a los tratantes por todo el territorio nacional. Sin embargo, ante la ridiculez de la pena (la más baja en materia de trata en toda Latinoamérica como denunciara la diputada oficialista Stella Maris Córdoba), no faltarán los funcionarios que argumentarán en el futuro que no se puede dilapidar recursos para aceitar el aparato judicial por «delitos menores» habiendo tanto robo, hurto y secuestro express por las calles. Recuerden a fines de 2006 que Anibal Fernandez, ante la amenaza de muerte a un costurero y sus hijos que habían sido víctimas de trata y que hoy son querellantes, se negó inicialmente a brindar protección policial con la excusa de que era ridículo presupuestariamente asignar custodia a cada costurero que denuncia a sus esclavistas en medio de toda la inseguridad reinante. Tuvo que mediar una causa penal por abandono de persona y un escándalo mediático para que el ministro volviera sobre sus pasos.

    Esta ley que vulnera las claras disposiciones del art. 15 de la Constitución Nacional, de los arts. 6 de la Convención para la Eliminación de toda forma de discriminación contra la Mujer y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que omite tener en cuenta la Convención para la Represión de la Trata de Personas y la Explotación de la Prostitución Ajena ratificada por la ley 11925 y la Convención suplementaria sobre la abolición de la esclavitud, la trata de esclavos y las instituciones y prácticas análogas a la esclavitud, es un escarnio para la sociedad y una violación flagrante de la Constitución Nacional. Genera impunidad y legitima de facto la explotación del hombre por el hombre. Y lo peor del caso, es que todo esto es perfectamente conocido por los legisladores que alzaron su mano para votar los artículos más infames.

    Desde ya que impugnaremos a esta ley como discriminatoria de varias de las convenciones que nuestro país suscribió ante los foros jurídicos internacionales que correspondan, proceso que será largo y tedioso. Pero como es característico de la Alameda, lo que decimos con el pico lo sostenemos con el lomo, en consecuencia, redoblaremos las denuncias y los escraches a todo sitio donde anide la esclavitud, sea con fines de explotación laboral o sexual y no cejaremos en la lucha por erradicar la esclavitud allí donde se encuentre porque como dice Silvio Rodriguez «el sueño se hace a mano y sin permiso, harando el porvenir con viejos bueyes».

    Gustavo Vera, presidente de la Cooperativa la Alameda

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    1 comentarios / 5603 Visitas

    • PoetaCamba
      Invitado
    25/04/2008
    #2 Re: La ley de Trata de Personas

    Sábado 19 de Abril de 2008 | Se aprobó la Ley contra el Tráfico y Trata de personas
    Los proxenetas tranquilos, el tío Sam satisfecho

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    El miércoles 9 de abril, el Congreso aprobó la Ley de Trata y Tráfico de Personas. La polémica ley fue impulsada por el poder ejecutivo, luego que Estados Unidos (el gendarme del mundo) considerara a la Argentina como “país en observación”, por no contar con una ley federal que reprima esta practica delictiva. El proyecto fue impulsado por el actual Ministro de Justicia Aníbal Fernández y defendida en el Senado y en el Congreso por la legisladora oficialista Vilma Ibarra<.
    El proyecto, ahora ley, fue fuertemente resistido por organizaciones feministas y sociales que luchan contra este flagelo, por considerar que no sirve para perseguir a proxenetas y tratantes, y mucho menos para garantizar los derechos humanos de las víctimas. Esto se debe a que la ley hace una diferencia entre víctimas mayores y menores de 18 años, debiendo las primeras probar que fueron engañadas, violentadas, torturadas y/o abusadas. En este punto, la ley y sus impulsores caen en dos falacias: la primera, es suponer que puede existir alguna persona capaz de consentir su propia esclavitud; la segunda, en el caso de la prostitución, es creer que en un país empobrecido (con más de la mitad de la población bajo la línea de la pobreza), una mujer puede elegir libremente entre prostituirse o buscar otra forma de sustentar sus necesidades básicas.
    Sin embargo la ley llega más lejos, al modificar el art. 145 del Código Penal, establece una sanción para quien "captare, trasportare o trasladare, dentro del país o desde o hacia el exterior, acogiere o recibiere personas". Curiosamente, esta ley se "olvida" de aquellos que se benefician o quienes organizan esta situación. En otras palabras, la ley protege a los organizadores de la trata de personas, sancionando solo a los que hacen el trabajo sucio. Por ejemplo, pueden ser sancionados los empleados de los burdeles pero no los dueños del negocio (ni los políticos que los apoyan, ni la policía que se beneficia). Además, la norma sanciona con una pena de 3 a 6 años a quienes realizan trata de personas mayores, cuando, de no existir la ley se aplicaría el art. 142 bis del Código Penal que dice que "Se impondrá prisión o reclusión de cinco (5) a quince (15) años, al que sustrajere, retuviere u ocultare a una persona con el fin de obligar a la víctima o a un tercero, a hacer, no hacer o tolerar algo contra su voluntad. Si el autor lograre su propósito, el mínimo de la pena se elevará a ocho (8) años". En otras palabras, la ley de trata reduce la pena que se aplicaba hasta ahora para los mismos hechos.
    Muchas de las mujeres en situación de prostitución comenzaron siendo menores de edad y, por lo general, de forma gradual. Incluso muchas veces inducidas por la familia. Por lo general, los primeros proxenetas son novios o parientes y también sucede que son personas cercanas quienes las entregan a los tratantes. Si una chica de 16 años es entregada por un familiar a una red de prostitución y es rescatada recién a los 19 años cuando intentaban llevarla a España, esa joven es mayor de edad al momento de comprobarse el delito. Entonces la ley, ¿cómo consideraría esos 3 años previos de explotación?
    De hecho, es esta realidad de pobreza la que arrastra a miles de personas a manos de tratantes. Muchas/os acuden al llamado de trabajos que prometen un mejor futuro, y luego son introducidas en redes mafiosas de explotación sexual o esclavizadas/os en talleres clandestinos de costura, por ejemplo. Además, esta demostrado que el accionar de estas redes mafiosas no sólo no se limita a la explotación, sino que cuenta con la suficiente impunidad y capacidad operativa como para además de secuestrar, engañar y torturar, dañar a las familias de sus victimas.
    Esta es una razón más para argumentar que en el caso de existir un “supuesto” consentimiento, éste tiene una alta posibilidad de estar viciado. Pero tampoco estos argumentos fueron escuchados por los/as “representantes del pueblo”, más preocupados por cumplir (con las necesidades del poder ejecutivo y con las normas internacionales), que en solucionar el problema de fondo. Un fondo en el que se debate la libertad y hasta la vida de muchísimas mujeres y niñas secuestradas en burdeles, de inmigrantes con ilusiones y sin papeles, mano de obra barata para la floreciente industria textil, entre otros/as.
    “Los traficantes de personas, dueños y capataces de las redes de prostitución, amos y señores en talleres clandestinos de costura o calzado, de quintas u obras de construcción que prostituyen y esclavizan a más de medio millón de migrantes en todo el país, pueden dormir en paz. Ya tienen una ley que los ampara, aunque aparente combatirlos. La ley votada por el Congreso Nacional concebida para reprimir la trata de personas es una manifestación más del Registrarse Inicia sesión al que ya nos tienen acostumbrados.”, expresa Gustavo Vera integrante de la Cooperativa La Alameda. En el caso de que se compruebe que una persona mayor fue engañada y violentada para luego ser esclavizada, las penas son ínfimas, apenas 3 años de prisión, lo que hace que sean excarcelables.
    Para las organizaciones integrantes de la Campaña “Ni una mujer más victima de la redes de prostitución”, la ley establece que existe una “ Registrarse Inicia sesión : aquella en que estas circunstancias no puedan ser probadas, lo que convertirá a los tratantes en inocentes empresarios de la trata de personas, en esclavistas legales, aunque se demuestre que el fin que persiguen es la explotación de la prostitución ajena, del trabajo esclavo o los demás previstos por la ley.
    Informes recientes producidos por Naciones Unidas y la Organización Mundial del Trabajo, consignan que 4.000.000 de mujeres y niños en el mundo son victimas del “negocio” de trata. América Latina y el Caribe aportan 1millón 300 personas. En Argentina, una mujer puede ser vendida por 5.000 pesos o 150 pesos y aportan una ganancia anual de 15 mil dólares. Queda claro que esta pantomima de ley contra la trata –que llega 59 años tarde porque la Argentina firmó en el año 1949 el Convenio para la represión de la trata de personas y de la explotación de la prostitución ajena-, es sólo un intento de cumplir con los requisitos de corrección política de la Casa Blanca y no el firme deseo de terminar con esta catástrofe humanitaria considerada la esclavitud del siglo XXI.


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